EU va contra Rocha Moya por tráfico de drogas y armas. AL GRANO. Por Jesús López Segura
Al obradorista gobernador de Sinaloa se le imputa distribuir grandes cantidades de droga en EU
La acusación anunciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es un expediente más en la larga lista de señalamientos sobre el narcotráfico: se perfila como un punto de inflexión. Por primera vez, Washington formaliza en tribunales una imputación directa contra un político mexicano en funciones por presuntos vínculos operativos con el crimen organizado, en este caso con el Cártel de Sinaloa.
La acusación, presentada en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York —una jurisdicción emblemática en la persecución del narcotráfico internacional—, incluye también a otros nueve individuos, entre ellos figuras políticas y operadores presuntamente vinculados a la misma red. A todos se les imputa haberse asociado para distribuir grandes cantidades de estupefacientes en territorio estadounidense, además de delitos relacionados con armas. El caso quedó en manos de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Más allá de los nombres, lo relevante es el precedente. Durante años, las autoridades estadounidenses han construido casos contra capos y operadores logísticos del narcotráfico mexicano, pero habían evitado —al menos de manera formal y judicializada— acusar directamente a funcionarios electos en activo. Este movimiento parece alinearse con las advertencias previas de la “Declaración de Los Mochis“, realizadas por el embajador de EE. UU. Ronald Johnson, quien había anticipado un endurecimiento en la postura de su país frente a los vínculos entre política y crimen.
El mensaje implícito es claro: Estados Unidos estaría dispuesto a escalar su estrategia, llevando a tribunales lo que durante años se manejó en el terreno de la inteligencia, la diplomacia o las filtraciones periodísticas. De confirmarse la solidez de las pruebas, no solo se abriría un frente judicial de alto perfil, sino también un inevitable conflicto político y diplomático con México, donde la persecución de figuras de alto nivel por presuntos nexos con el narcotráfico ha sido, en el mejor de los casos, irregular.
Así, más que un caso aislado, la acusación contra Rocha Moya podría marcar el inicio de una nueva etapa: aquella en la que las autoridades estadounidenses dejan de insinuar y comienzan a judicializar directamente la presunta colusión entre poder político y crimen organizado en México. Un giro que, como se anticipaba, tendría consecuencias mucho más profundas que cualquier declaración diplomática.
